El segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por Cedro, analiza la percepción de la sociedad española sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual, así como sobre el consumo ilícito de contenidos editoriales digitales y las razones que lo impulsan. El 94% de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual, pero también que el 67,5% de los contenidos editoriales digitales que se consumen en España los obtienen de forma ilícita.
Estudio de Cedro profundiza en la propiedad intelectual y sesgos cognitivos
La asociación que gestiona derechos de autor del sector editorial, Cedro, ha presentado el segundo estudio que analiza la percepción de la sociedad española sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual. También explora las justificaciones que usan los consumidores que acceden de forma ilícita a contenidos editoriales digitales y los sesgos cognitivos que la tecnología aprovecha para fomentar consumos ilícitos de las obras editoriales. Los datos obtenidos provienen de varios grupos focales y más de 2.600 encuestas realizadas por Qbo Investigación y Estrategia.
Autores y editores profesionales garantizan la calidad del contenido
Por una parte, el informe revela que el 92% de los consultados identifica a los escritores, traductores, periodistas y editores como la garantía de calidad y credibilidad en los libros, periódicos, revistas y partituras. Cita como ejemplo que, en el ámbito educativo, la mayoría considera que los autores y los editores profesionales son los que deberían elaborar los contenidos educativos por una cuestión de confianza.
La mayoría defiende el papel crucial de la propiedad intelectual
Asimismo, recoge que el 94% de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una «garantía de futuro que impulsa el crecimiento educativo, el progreso profesional y la mejora de la reputación del sector público cuando este adopta medidas para su protección», según el comunicado de Cedro.
El 80% considera que el pirateo digital de libros es igual que el robo físico
Sin embargo, dado el incremento de la piratería en los últimos años, este segundo estudio también ha profundizado en las causas que esgrimen los consumidores y las justificaciones que dan a la práctica de esta actividad ilícita. A pesar de que el 80% de los consumidores considera que es lo mismo piratear un libro digital que robarlo físicamente, el 67,5% de los consumidores de publicaciones editoriales lo hace a través de canales ilícitos.
Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación, que acudió a la presentación del estudio reconoció que este dato supone una «alerta». Ha asegurado que «el Ministerio ha entendido el mensaje» y ha garantizado actuaciones, según recoge Infobae.
Parte de los consumidores de contenido ilícito aseguran no ser conscientes
El informe también corrobora que la piratería es una actividad «extendida y normalizada», al haberse conocido que el 40% de los usuarios que consumen contenido de manera ilícita asegura desconocer esta circunstancia. De aquí que los autores del documento demanden «una estrategia adecuada» para acabar con este comportamiento a través del desarrollo de campañas informativas y de sensibilización.
El alto precio y la facilidad de que ofrece la tecnología, argumentos para piratear
Respecto a los argumentos que esgrimen quienes piratean contenido de forma consciente, el estudio destaca dos: que la tecnología facilita piratear libros, periódicos, revistas y partituras (74,3%) y que el precio de los contenidos originales es muy caro (49,5%). Además, el informe ha identificado los sesgos cognitivos que más influyen en este comportamiento, entre ellos, los que refuerzan la percepción de que la piratearía es una práctica común o aceptada y los que minimizan las consecuencias de esta actividad.
La administración debe proteger y garantizar los derechos de autor
La investigación también ha evidenciado que la protección de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores es un tema de interés general que la administración pública debe liderar. Así, el 87,57% de los participantes considera que el sector público debe adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el respeto a los derechos de autor afectados por la piratería.
De hecho, entre las soluciones que propone el informe destaca la necesidad de definir políticas públicas que reconozcan social y económicamente los contenidos editoriales de calidad y los derechos de propiedad intelectual de sus autores y editores. Un reconocimiento que debe realizarse tanto en el ámbito educativo como en el profesional, ya sea en el mundo analógico como en el digital, incluyendo la inteligencia artificial generativa.
En este sentido, Carlos Fortea, escritor y traductor, ha manifestado que las administraciones públicas deben practicar lo que ha denominado «servidumbre de la ejemplaridad». Fortea ha asegurado que «las administraciones deben ser las primeras en adquirir los derechos de los autores. Les corresponde a los Gobiernos de todos los niveles», informa El País.
