En el vasto y vibrante mundo de la creación artística, los conceptos de propiedad intelectual, libertad de expresión y derechos culturales se entrelazan y, a menudo, entran en conflicto.
Estos pilares fundamentales no solo defienden los intereses de los artistas, sino que también garantizan que la sociedad en su conjunto se beneficie del patrimonio cultural y la diversidad creativa. Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías y las dinámicas sociales emergentes plantean desafíos críticos a estos principios, obligando a una reevaluación constante de los límites y equilibrios necesarios.
La propiedad intelectual tras la IA generativa
La propiedad intelectual se ha diseñado para proteger las creaciones del intelecto humano, otorgando a los artistas y creadores derechos exclusivos sobre sus obras. Este marco legal es esencial para asegurar que los creadores puedan obtener una compensación justa por su trabajo y mantener el control sobre cómo se utiliza su obra.
Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial generativa ha complicado el panorama. Las tecnologías de IA generativa pueden crear obras originales a partir de enormes cantidades de datos, incluidos textos, imágenes y música, que a menudo están protegidos por derechos de autor. Este uso no autorizado plantea una grave vulneración de los derechos de los creadores, quienes ven cómo sus obras son utilizadas sin permiso ni compensación. La falta de regulación clara sobre la autoría de obras generadas por IA subraya la necesidad urgente de actualizar las leyes de propiedad intelectual para proteger a los artistas en este nuevo contexto tecnológico.
La libertad creativa en el punto de mira
La censura en la cultura es un tema que ha resurgido con fuerza en España en los últimos meses, suscitando un amplio debate sobre la libertad creativa y el respeto a la diversidad de la expresión artística. En un país con una rica tradición cultural y artística, la censura representa una amenaza a la libre manifestación del pensamiento y a la pluralidad de ideas.
Coincidiendo con los recientes procesos electorales, se han reportado numerosos casos de censura en la cultura española, abarcando diversos campos artísticos como la música, el cine, el teatro y las artes visuales. En el ámbito musical, han surgido casos de conciertos cancelados por supuestas «letras ofensivas», por enseñar pechos femeninos o por abordar temas controvertidos.
En el cine, algunas películas han enfrentado dificultades para su proyección debido a su contenido socialmente «sensible», como un beso lésbico entre dos personajes en una película de animación. Y en el teatro, se han presenciado retiradas de obras que critican aspectos de la sociedad actual que requieren de revisión y reflexión. El famoso caso de Paco Bezerra, y su obra Muero porque no muero, es un ejemplo notable. Todo esto ha generado un clima de incertidumbre y autocensura entre los artistas, que temen las posibles represalias por abordar temas sensibles o polémicos.
El desconocimiento en el uso de las herramientas legales de protección, sumado a las malas prácticas de las administraciones, en su afán de no reconocer los compromisos acordados con productoras y artistas, ha llevado a una interpretación restrictiva de ciertas leyes y reglamentaciones que justifican la creciente preocupación en la comunidad artística.
Pero lo peor de este tema es que no es nada nuevo. Muchos juristas llevamos años sosteniendo que existe un problema con la libertad de creación en España. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freemuse alertan desde 2017 de las carencias en la protección de las libertades civiles en nuestro país, y en concreto, de la injerencia política en la libertad de creación de los artistas en España.
Precariedad: caldo de cultivo para la censura
El entorno de precariedad absoluta en el que vive el sector cultural es el caldo de cultivo para la aparición de la censura en la creación contemporánea. La ausencia de una ley de mecenazgo y de un Estatuto del Artista adaptados a nuestros tiempos provoca que los artistas dependan casi exclusivamente de fondos públicos para sostenerse profesionalmente. Sin casi garantías legales para la contratación (en demasiadas ocasiones, sin ningún formalismo legal), los artistas se ven totalmente desamparados e incapaces de defender su propio discurso y proceso creativo.
Así, la injerencia política de los que dicen defender la cultura desde las instituciones es absoluta, marcando directamente la programación cultural desde sus motivaciones personales y no desde el rigor de la calidad artística.
Las carencias en contratación tanto laboral como mercantil, en la elaboración de cartas de compromiso, en transparencia en las formas y plazos de pago, y en la falta de reconocimiento de daño emergente y lucro cesante que implica la censura en lo económico, hacen que las malas prácticas campen a sus anchas en el sector cultural.
De ahí la importancia del Estatuto del Artista, que buscaba proteger los derechos de los trabajadores del ámbito cultural y artístico en España. Sin embargo, ha habido numerosas críticas sobre su aplicación y alcance, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de la dignidad y de la realidad profesional y de los procesos creativos de los agentes del sector. La ambigüedad y falta de claridad en la interpretación de ciertos aspectos del Estatuto del Artista, en especial lo relativo al concepto de «autónomo cultural», fomenta la censura como herramienta de control narrativo, limitando la capacidad de los artistas para expresar sus ideas y abordar problemáticas de relevancia social.
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Ley Mordaza y autocensura
Juristas y gestores culturales de todo el país coinciden en denunciar las restricciones que someten a la creación artística y que limitan la expresión y la visión crítica que caracteriza a la cultura. Y como ejemplo claro y central de esta problemática sitúan a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, promulgada en 2015. Esta ley ha sido señalada por Amnistía Internacional como una restricción directa a la libertad de expresión, ya que se considera que otorga un poder discrecional a las autoridades para sancionar y controlar manifestaciones y expresiones públicas que puedan ser consideradas como una amenaza al orden público.
Su vigencia ha creado un ambiente de temor y autocensura entre los artistas, quienes, en un intento por evitar represalias, pueden optar por no abordar temas controvertidos o arriesgados en sus obras. La conexión entre la Ley Mordaza y la censura en la cultura subraya la importancia de mantener un ambiente propicio para el libre desarrollo del pensamiento y la creatividad artística.
En este contexto, la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte tiene un papel crucial en la defensa y promoción de la libertad de expresión y la protección de los derechos culturales. La creación de políticas efectivas y el apoyo institucional son esenciales para contrarrestar la censura y garantizar que las voces artísticas no sean silenciadas.
Un marco legal robusto
El auge de la extrema derecha en España ha intensificado estos desafíos, con un aumento en los casos de censura y restricciones a la libertad artística. Las decisiones motivadas políticamente afectan directamente la programación cultural y limitan la diversidad de voces en el ámbito artístico. Esta situación resalta la necesidad urgente de un marco legal robusto y de instituciones comprometidas con la defensa de la libertad de expresión y los derechos culturales.
Sigue siendo una deuda del actual gobierno derogar la Ley Mordaza y plantear un Estatuto del Artista viable y con efectos reales para los agentes del sector. El sector cultural ha dicho basta y se ha movilizado para salvaguardar y garantizar sus derechos más básicos, que no solo afectan a los agentes de la cultura, sino a todas las ciudadanas de nuestro país
