El Gobierno de Valencia quiere blindar la falsificación de productos en las principales industrias de la comunidad. Su presidente, Carlos Mazón, ha avisado de su intención de aumentar las sanciones hasta un millón de euros, el máximo legal permitido. Una medida que se prevé entrará en vigor en 2025 y con la que pretende «garantizar la seguridad de la ciudadanía» y «defender a las empresas» que operan en este territorio.
Lucha contra las falsificaciones en sectores tradicionales
La iniciativa está dirigida a luchar «contra la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado, los complementos de moda, el juguete o la cerámica», actividades tradicionales de gran peso en la economía de la comunidad. Un tema de gran relevancia por la competencia desleal que entraña para estas industrias, obligadas a compartir el mercado con miles de productos falsificados o con imitaciones.
Modificación del Estatuto del Consumidor de la comunidad
Para su puesta en práctica, es necesario modificar la Ley del Estatuto del Consumidor de la comunidad en el apartado referido a las sanciones. Este cambio de la normativa para endurecer las multas contra las falsificaciones o imitaciones. La falsificación de marcas, el cumplimiento de las normas sobre etiquetado, la seguridad o los productos defectuosos serán las principales cuestiones a vigilar.
Sanciones de hasta un millón de euros para infracciones muy graves
La Generalitat valenciana contempla un incremento de las sanciones a fabricantes o distribuidores que cometan infracciones hasta el máximo que permite la ley actual. Así, las infracciones muy graves podrán alcanzar el millón de euros. De este modo, se busca que la multa sea superior a los beneficios que genera la comercialización de falsificaciones. Las infracciones graves estarán penalizadas con un máximo de 100.000 euros, mientras que la cuantía máxima de las transgresiones leves pasaría a ser de 10.000 euros.
Las nuevas directrices entrarían en vigor en enero de 2025
Mazón prevé que el proceso de renovación legislativa puede estar operativo el 1 de enero del próximo año. Así, en esta fecha entrarían en vigor las nuevas sanciones que ya advierte de que «llegarán al máximo posible, incluso con incrementos superiores al 700% de los actuales importes que, incomprensiblemente, durante estos años no se han modificado».
Preocupación generalizada por las falsificaciones
Las falsificaciones siguen siendo una de las grandes preocupaciones de las diferentes administraciones. Recientemente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, aseguró en Los desayunos informativos de Europa Press que en su departamento están «reevaluando» el tema de la piratería «para ver qué más pueden hacer» para combatirla.
Fuente: Comunicado Generalitat Valenciana, Europa Press
