El gobierno de Javier Milei sigue transformando la legislación sobre propiedad intelectual, dando lugar a un intenso debate entre defensores y detractores. A través del decreto 138/2025, desregula el cobro de los derechos de autor, que estaba en manos de sociedades de gestión colectiva (SGC), y ahora podrán tramitarlo los propios artistas sin intermediación. Dos medidas posteriores complementan el decreto y profundizan en la administración y gestión de estos derechos.
Acabar con los monopolios
La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de febrero, autoriza la creación de nuevas entidades para realizar el cobro en busca de aumentar la competencia y habilita a los creadores para que puedan tramitar personalmente sus regalías a través de acuerdos individuales. De esta forma, elimina la representación exclusiva de las actuales sociedades de gestión colectiva (SGC) que gestionaban los derechos de autor de escritores, compositores e intérpretes y fijaban las tarifas para su uso por parte de terceros. El objetivo es «eliminar monopolios y habilitar acuerdos particulares, estableciendo reglas de transparencia. De ahora en adelante, quien genere un hecho artístico será el beneficiario directo de esa obra, sin intermediarios», según el comunicado emitido por el gobierno argentino.
Fomentar la transparencia
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, difundió la noticia a través de un post en la red social X en el que celebraba que, con este decreto, «liberamos la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado desde hace 50 años», asegurando que «la competencia fomentará la transparencia y ahora las SGC estarán obligadas a ofrecer un servicio eficiente y eficaz a sus socios».
Reacciones de las entidades afectadas
La norma afecta de forma directa a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), los Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales (AADI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).
Todas ellas, han alzado la voz en contra de la medida. SADAIC fue la primera en reaccionar presentando un recurso administrativo ante el poder ejecutivo en el que solicitaba dejar sin efecto el decreto, que calificó de «inconstitucional» y una denuncia con este mismo objetivo ante la justicia federal, informa la Agencia France Press (AFP). Argentores, por su parte, ha puesto en valor la labor de estas entidades que, además de gestionar los cobros, cumplen una función social asistiendo a asociados con «pensiones, ayudas asistenciales, medicina prepaga, medicamentos, consultorios clínicos y psicológicos, asistencia legal nacional e internacional, fomento al autor y a su actividad», se puede leer en un comunicado de la entidad.
Opinan los artistas y productores
Artistas como Richard Coleman, Barbi Recanati, Andrea Álvare o Botafogo expresaron su rechazo. Sin embargo, algunos productores de espectáculos no ven mal la medida porque puede servir para reducir el canon del 12% que cobra SADAIC sobre la recaudación de los conciertos en directo que consideran excesivo. Rolling Stone recoge la opinión de Daniel Grinbank que, aunque está a favor de que los creadores cobren por sus trabajos, asegura que en Argentina «se había llegado a aplicar el arancel por derechos de autor más caro del mundo, un 12%». Un canon al que hay que sumarle el 1% de AADI/CAPIF por la música que ambienta los conciertos antes de que comience el espectáculo y el 2% de DAC por el uso de las pantallas. Grinbank sostiene que llevan mucho tiempo «pidiendo reuniones para llegar a un acuerdo» y topar estos porcentajes sin éxito.
El decreto se complementa con dos nuevas medidas
Sin embargo, la respuesta del gobierno de Milei ha sido complementar la norma con dos decretos más. El 143/2025, que regula aspectos enfocados en la recaudación generada por las obras artísticas y audiovisuales y su distribución, y el 150/2025, que redefine el rol de SADAIC. Así, hasta el momento, la nueva legislación convierte a las SGC en asociaciones civiles, que precisarán para seguir operando de la autorización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Además, en ningún caso, podrán interferir en los acuerdos a los que lleguen los titulares de los derechos cuando decidan actuar de forma individual. Estas sociedades disponen de seis meses para adecuar sus estatutos a las nuevas reglas y de un año para gestionar el consentimiento explícito de los titulares de los derechos para seguir representándolos, resume Infobae.
Las tres medidas actuales se suman a la dictada en 2024 que eliminó el canon musical que tenían que pagar los salones de fiestas y hoteles a SADAIC por la reproducción de música en eventos de carácter privado. La polémica que generó obligó al gobierno a emitir una resolución aclaratoria del alcance concreto de esta medida.
Fuentes: Ministerio de Desregulación (Comunicado), Infobae, AFP (vía Yahoo Noticias), Argentores, Rolling Stone
