Cuatro grandes proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) han presentado un escrito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En él sostienen que a los ISP no se les debería obligar a vigilar de forma agresiva las infracciones de copyright en las redes de banda ancha ni a realizar cancelaciones masivas de los servicios a los usuarios que las utilicen de forma fraudulenta. Apoyan, así, la pretensión de Cox Communications de revertir su derrota en una demanda por infracción de derechos de autor interpuesta por Sony Music.
Cuatro ISP presentan escrito de amici curiae en el Tribunal Supremo de EE. UU.
Altice USA, Frontier Communications, Lumen (también conocida como CenturyLink) y Verizon han presentado un escrito de amici curiae en la Corte Suprema de Estados Unidos. En él, expresan su preocupación por las responsabilidades financieras derivadas de las demandas interpuestas por los grandes sellos discográficos y otros titulares de derechos de autor, así como por las consecuencias a las que podrían enfrentarse si se les obliga a realizar «desalojos masivos» de usuarios de Internet acusados de descargar contenido no autorizado.
Exponen argumentos a considerar en el caso de Sony contra Cox
Este tipo de escrito, muy extendido en el derecho anglosajón, lo presentan personas físicas o jurídicas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un caso. Los cuatro ISP han decidido utilizar esta fórmula para presentar sus argumentos en el caso de Sony Music contra el proveedor de televisión por cable Cox Communications por no combatir de forma adecuada la piratería en su red.
Una sentencia previa confirmó la infracción contributiva y anuló la infracción indirecta
La situación se originó cuando Sony y otras discográficas demandaron a Cox ante un Tribunal de Distrito de Virginia. El jurado dictaminó en diciembre de 2019 que Cox debía pagar 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por infracciones de derechos de autor. La empresa apeló la decisión y, aunque el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito anuló parcialmente la sentencia, confirmando que Cox no era culpable de «infracción indirecta», sí mantuvo la acusación de «infracción contributiva deliberada». Este fallo ordenó un nuevo juicio para determinar los daños y perjuicios, lo que motivó a Cox a llevar el caso ante la Corte Suprema.
Los ISP contra el corte del servicio porque perjudica a terceros
En el escrito, los ISP argumentan que la sentencia del Cuarto Circuito «pone en peligro el futuro del acceso a Internet» en Estados Unidos. Señalan que si se obliga a los proveedores a cortar el servicio de Internet de manera masiva ante cualquier acusación de piratería, podría generar serios perjuicios a terceros que no tienen conexión con el acto ilícito. «Cortar el servicio a un suscriptor perjudicaría a otros residentes de una casa que no han infringido la ley y pueden no tener ninguna conexión con el infractor», escribieron los ISP en su declaración.
Critican los fallos de los procesos automatizados de detección de fraude
Además, critican los procesos automatizados utilizados por los titulares de derechos de autor para detectar infracciones en redes de intercambio de archivos (peer to peer), calificándolos de «famosos por sus defectos». A pesar de ello, la «opinión del tribunal de apelación sobre la infracción indirecta obligaría a los proveedores de servicios de Internet a cortar el suministro a cualquier abonado tras recibir alegaciones de que algún desconocido ha utilizado su conexión para infringir los derechos de autor», señala el escrito.
Advierten de la amenaza financiera que suponen las indemnizaciones
Por otro lado, advierten del riesgo financiero que enfrentan los ISP bajo el fallo actual. Según la ley de derechos de autor, la responsabilidad por daños y perjuicios puede ascender hasta 150.000 dólares por cada obra infringida, lo que podría dar lugar al pago de cifras astronómicas para los proveedores. Citan la sentencia contra con Cox como un ejemplo, pero hay muchos más. A Verizon le solicitan 2.600 millones de dólares en otro caso relacionado con la piratería y cifras similares a Frontier y Altice USA por el mismo motivo. Consideran que esta amenaza financiera socava sus esfuerzos de «cumplir con el objetivo del Congreso de conectar a todos los estadounidenses a Internet».
Piden no relacionar prestación del servicio con ayuda a las actividades ilegales
También hacen referencia a un fallo reciente de la Corte Suprema en el caso Twitter contra Taamneh, que desestimó las acusaciones de que empresas de redes sociales como Twitter habían ayudado al grupo terrorista ISIS al no impedir que utilizaran sus plataformas. En ese caso, la Corte Suprema enfatizó que la simple prestación de servicios de comunicación, incluso a personas malintencionadas, no equivale a una «ayuda sustancial» en sus actividades ilícitas.
Sony solicita mantener la responsabilidad directa para proteger los derechos de autor
Por su parte, las discográficas, encabezadas por Sony, en su petición de agosto a la Corte Suprema, argumentan que perseguir a los infractores individuales en el entorno digital es una tarea «en el mejor de los casos, poco práctica e imposible en el peor». De aquí que la «responsabilidad indirecta» de los proveedores de servicios de Internet sea esencial para proteger los derechos de autor, por lo que solicitan que se restablezca el veredicto original de 1.000 millones de dólares y la conclusión del jurado de que Cox era culpable de infracción indirecta.
Fuente: ArsTechnica
