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Cinco de cada diez libros en México no respetan los derechos de autor

La piratería de libros en México se encuentra en una situación alarmante. Cinco de cada diez libros que se consumen son producto de esta actividad ilegal. El Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro) señala un aumento cercano al 10% en papel y de un 12% en digital a lo largo del último sexenio y advierte sobre la nula persecución administrativa, a la que ahora se suma la sospecha de la intervención del crimen organizado. 

Balance muy negativo en 2024  

Quetzalli de la Concha, vicepresidenta y consejera legal de CeMPro, ha dado a conocer estas preocupantes cifras al realizar el balance de la piratería en este 2024. «Lamentablemente, está en rojo y es sumamente negativo», ha advertido. «Iniciamos un sexenio en el que cuatro de cada 10 libros que se leían en México eran piratas y, ahora, son cinco de cada 10. Un porcentaje que en temporada escolar aumenta», asegura. 

Las pérdidas de la industria editorial se cifran en miles de millones de pesos 

Según De la Concha, 2017 fue el último año en que se analizó el valor económico de la venta no autorizada de contenidos de entretenimiento, donde se incluyen los libros. En ese momento, se calculó que las redes de piratería obtenían más de 15.000 millones de pesos con su actividad irregular. «Si el porcentaje de piratería física se ha incrementado un 10%, también lo han hecho las ganancias de la delincuencia» Es decir, al menos 1.500 millones más. 

Se han cancelado los estudios sobre el sector en los dos últimos años 

Por otro lado, señala que los recortes y la austeridad han cancelado los estudios de las instituciones públicas en los últimos dos años e, incluso, han adelgazado o desaparecido áreas de investigación especializada en delitos de propiedad intelectual. «Observamos que en la última década, por ejemplo, las industrias de contenidos, donde están audio, video y por supuesto libros, ha reducido la aportación al Producto Interno Bruto: estábamos en el 8% y bajamos al 6%», afirma la abogada. También, la industria editorial ha disminuido cerca del 30% por las empresas que se han visto obligadas a cerrar. 

No se investigan los delitos contra la propiedad intelectual 

Esta abogada especialista en derecho de autor denuncia que no se ha puesto en marcha ni un solo operativo y que sus peticiones para hacerlos tampoco han tenido eco. Ni en la Fiscalía Especializada de Delitos Especiales, ni a nivel federal ni por parte de Ciudad de México, la urbe que sigue siendo el gran mercado pirata. «También se nos ha negado el apoyo de Seguridad Pública para organizar operativos desde la propia industria», asegura. 

Sospechas de vinculación con los cárteles de delincuencia organizado 

En este sentido, la pandemia marcó un punto de inflexión. Fue una oportunidad, mientras las librerías permanecían cerradas. «Esto reforzó el poder económico de las redes de delincuencia organizada», afirma. Aún más grave es que, en 2021, se observó que podría haber una vinculación con los cárteles de delincuencia organizada. 

La abogada apunta a una producción no autorizada altísima en contenidos educativos y de interés general. «Sabemos de imprentas clandestinas que hacen en un par de días tiradas de 20.000 ejemplares para poner a circular alguna novedad de interés general. En libros de educación básica estimamos que hay una producción anual por encima de los 200.000 ejemplares que distribuyen por todo el país». 

Campaña de concienciación y llamamiento a la presidenta electa 

Ante la situación, De la Concha ha iniciado desde CeMPro una campaña de concienciación entre los ciudadanos para que no compren estos libros, de forma que dejen de ser un negocio para la delincuencia. «Una acción muy simple, pero de alto impacto, es no comprar libros en el comercio informal. El delincuente lo que quiere es negocio y, si algo deja de serlo, dejará de poner tanto empeño y tantas fuerzas en ello». 

También ha hecho un llamamiento a la presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, para que, de nuevo, «nos consideren un sector que debe ser atendido, que merece contar con una garantía de seguridad pública para contener el crecimiento de esta piratería». 

Fuente: El Universal 

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