La actividad de Telegram en España ha estado en la cuerda floja durante un fin de semana por la posible vulneración de derechos de propiedad intelectual. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó el 22 de marzo su suspensión temporal dando un plazo de tres horas a las operadoras españolas para ejecutar la medida. Tras recibir un informe policial sobre la incidencia del cierre de la aplicación de mensajería, el 25 de marzo suspendió la orden reconociendo que era «excesiva y no proporcional».
Origen del proceso de suspensión
El proceso se originó tras la denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus y Egeda en la que acusaban a la aplicación de alojar contenido protegido por derechos de autor sin autorización.
En un primer momento, el juez envió una comisión rogatoria a las autoridades de las Islas Vírgenes, lugar en el que está la empresa de la app, para identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para infringir estos derechos de autor. Ante la»“falta de colaboración», Pedraz emitió un auto en la noche del viernes 22 de marzo. En él consideraba el bloqueo cautelar de Telegram como una medida «necesaria, idónea y proporcional» al no haber otra alternativa viable para evitar que se siguieran cometiendo los hechos denunciados.
Ultimátum a las operadoras que no se ejecutó
Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dio un plazo de tres horas a las operadoras de telecomunicaciones españolas «desde la recepción de la comunicación oficial» para que suspendieran de forma temporal todos los recursos asociados a la aplicación de mensajería instantánea, mientras se completaba la investigación. Un requerimiento que todo indica que no llegó a ejecutarse.
Libertad de expresión vs. derechos de los creadores
A lo largo del fin de semana, la decisión judicial desató un intenso debate sobre el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos de los creadores. Pero los más destacado fue la inmensa oleada de críticas que llegó desde los usuarios, juristas y expertos en ciberseguridad. Incluso la organización de defensa de los consumidores Facua advertía en un comunicado «de los enormes perjuicios que causará para millones de usuarios».
Una cifra que podría rondar los 8,5 millones de españoles, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se señala a Telegram como la app que utiliza un 18% de españoles para comunicarse por mensajería de manera habitual.
Revocación de la medida por ser desproporcionada
Así, el lunes 25 de marzo, el juez Pedraz paralizó la orden de suspensión temporal hasta recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre la incidencia de dicha medida cautelar en los usuarios, según EFE. En este informe se apoya el auto de revocación, en el que Pedraz reconoce que «sería una medida excesiva y no proporcional» debido a que «si se acordara la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan para labores de índole profesional».
Aunque es conocido que esta plataforma es utilizada también para actividades delictivas, en este segundo auto el magistrado asegura: «Son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos ’beneficios’ que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad».
También alude al «impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas».
La doble cara de la privacidad
Lo cierto es que gran parte de la popularidad de Telegram reside en el alto nivel de privacidad que ofrece. Y no es la primera vez que se enfrenta a situaciones de este tipo. Hace menos de un año, un juez de Brasil bloqueó la app durante tres días por negarse a colaborar en otra investigación. Pero también es verdad que esta misma característica es el motivo por el que algunos usuarios la eligen para realizar prácticas ilegales, como distribuir contenido protegido (series, películas o videojuegos) sin licencia.
Fuentes: EFE, The Objective, The Conversation
